Hacia una nueva era fiscal

Rodrigo Aravena

El debate fiscal se ha instalado con fuerza, especialmente las últimas semanas. En gran medida, ello obedece al rol crítico que tiene la política fiscal en cuanto su capacidad de evitar daños permanentes tras la actual crisis. Pero más allá de las medidas que se adopten en corto plazo, hay algo que es indiscutible: esta crisis dejará un fuerte legado de deuda, que configurará una era distinta en el manejo fiscal. Por lo tanto, además del desafío de salir de la actual recesión, tenemos la tarea de repensar mejoras al actual marco de políticas, lo cual, sin duda, será determinante para seguir siendo un país referente por su solidez macro.

Debemos partir por analizar las medidas adicionales a implementar este año, ya que el deterioro ha sido significativamente mayor al esperado. Prueba de ello es que las estimaciones de crecimiento cayeron desde -2% a -5% en sólo un par de meses. Por tanto, el principal reto consiste en tener una reacción a tiempo, ya que en caso contrario las medidas requeridas pueden ser mucho más profundas, y por ende, generar un déficit fiscal aún mayor. Dado el consenso técnico sobre este punto, es fundamental la existencia de acuerdos políticos que no retrasen la implementación de estas medidas, lo cual sólo terminaría por reducir el bienestar de las personas. Sin duda, la conciliación de los factores políticos con los técnicos será una de las principales tareas para este 2020.

Es muy probable que Chile, gracias a las políticas que se han implementado, tenga uno de los mejores desempeños post crisis en la región. Sin embargo, el costo de esta recuperación no sería bajo: el déficit fiscal de 2020 podría superar los 11 puntos del PIB, y la deuda se acercaría hacia niveles del 40% en el corto plazo, para luego converger a cerca de 50%. Estas cifras resultaban inimaginables a comienzos de la década, cuando apenas superaban el 10% del PIB.

Así, queda en evidencia la necesidad de diseñar una estrategia creíble y responsable de consolidación fiscal, con el fin de estabilizar la deuda en el largo plazo y con ello seguir siendo una economía estable, segura y capaz de financiar las diversas demandas económicas y sociales. El proceso de consolidación debe partir reconociendo que una deuda estable implica prácticamente eliminar el déficit en el largo plazo, lo cual, dado el punto de partida, obliga a gastar menos en el futuro. Es decir, la consolidación requiere eliminar la sensación de falsa abundancia, donde se asume que los recursos son ilimitados. Es decir, reforzar más que nunca la responsabilidad fiscal de manera transversal y como parte ineludible de la realidad.

Adicionalmente, esta consolidación requiere una revisión a la actual regla que determina la capacidad de gasto. Si bien los beneficios de contar con un esquema de reglas son incuantificables (de lo cual hemos sido un ejemplo a nivel mundial), es innegable la necesidad de revisar algunos aspectos del proceso actual. Entre ellos, reconocer que el déficit estructural es un objetivo intermedio y no final. Ello, ya que el cumplimiento de la regla debiera generar en promedio balances fiscales, lo cual automáticamente estabilizaría la deuda. El déficit persistente que hemos tenido en Chile sugiere la necesidad de pensar en formas que, más explícitamente, condicionen las decisiones de gasto a la trayectoria real de la deuda.

Por último, es fundamental que esta discusión se enmarque en un perfeccionamiento de la regla fiscal y no un cambio hacia un marco más discrecional, donde las experiencias negativas abundan, principalmente por los riesgos de ser utilizados en propuestas de carácter populista.